Друзья в Санкт-Петербурге отмечают День кубинского национального восстания

Moscú, 29 de julio.- El Partido Comunista "Comunistas de Rusia" y el Grupo de Amigos de Cuba en San Petersburgo celebraron junto a la Embajada de Cuba el aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, los días 26 y 27 de julio.

Con la presencia en la ciudad del Consejero y Segundo Jefe de la Misión diplomática cubana, Marcos Lazo Viltres; el presidente nacional del Partido Comunista Comunistas de Rusia, Serguei Malinkovich y el presidente del Grupo de Amigos de Cuba, Vitaly Korpenko, se recordó el Día de la Rebeldía Nacional de Cuba en San Petersburgo con un mitin en “Кубинская” No. 20, calle dedicada a Cuba luego de la visita a la ciudad del Comandante en Jefe Fidel Castro, en 1963. Posteriormente también con la presencia del presidente nacional del Partido Comunistas de Rusia, y el presidente del grupo de amigos de Cuba, se realizó un encuentro en el parque de los Aviadores. En la noche del 26 de julio, se organizó un fraternal encuentro con los amigos en San Petersburgo.

La recordación de esta histórica fecha para Cuba continuó el 27 de julio en reunión del diplomático cubano con directivos del partido Comunista "Comunistas de Rusia" en San Petersburgo y su estructura juvenil en la sede de la organización.

En ambas jornadas se puso de manifiesto la importancia de la fecha celebrada y la relevancia de la figura de Fidel, la solidaridad y el respaldo a Cuba de todos los integrantes de estas organizaciones, su resuelta condena a la política agresiva del gobierno norteamericano contra la isla, así como el rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.

Por su parte, el diplomático cubano actualizó sobre la situación en Cuba, significó la importancia de continuar enfrentando las campañas políticas de descredito que se organizan desde territorio norteamericano y agradeció el permanente apoyo del PCCR y el Grupo de Amigos en San Petersburgo.

La jornada del 27 concluyó con la participación conjunta en el programa Europa por Cuba organizado por el Comité para la Eliminación del Bloqueo Contra Cuba.
   
   Москва, 29 июля . — Коммунистическая партия «Коммунисты России» и Союз  друзей Кубы в Санкт-Петербурге отметили совместно с посольством Кубы 69-ю годовщину штурма казарм Монкада и Карлос Мануэль де Сеспедес, имевшего место 26 июля и 27.

С участием в городе советника и второго главы кубинской дипломатической миссии Маркоса Ласо Вилтреса проходили мероприятия;  председатель Российской коммунистической партии Сергей Малинкович и президент Союза  друзей Кубы Виталий Корпенко отметили День национального восстания Кубы в Санкт-Петербурге митингом на «Кубинской улице » № 20 . Данная улица  была названа  после визита в город главнокомандующего Фиделя Кастро в 1963 году. Позже, также в присутствии национального председателя Коммунистической партии России и президента Союза друзей Кубы, состоялась встреча в Парке Авиаторов.
Вечером   26 июля в Петербурге была организована братская встреча с друзьями.

   
Празднование этой исторической для Кубы даты продолжилось 27 июля на встрече кубинского дипломата с руководством компартии «Коммунисты России» в Санкт-Петербурге и ее молодежного состава в штаб-квартире организации.

В оба дня отмечены важность празднуемой даты и актуальность фигуры Фиделя, солидарность и поддержка Кубы всех членов этих организаций, их решительное осуждение агрессивной политики правительства США против острова, а также как отказ от экономической, торговой и финансовой блокады Кубы.

Со своей стороны, кубинский дипломат проинформировал о ситуации на Кубе, подчеркнул важность продолжения противостояния дискредитирующим политическим кампаниям, организуемым с территории Северной Америки, и поблагодарил за постоянную поддержку ПКАП и Группы друзей в Санкт-Петербурге. .

День 27-го числа завершился совместным участием в программе «Европа для Кубы», организованной Комитетом по снятию блокады против Кубы.
           

https://misiones.cubaminrex.cu/es/artic … nal-cubana

Actualización del Informe de Cuba sobre la resolución 75/289 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” (agosto 2021 – febrero 2022)

El presente documento contiene una actualización de la respuesta de Cuba a la resolución 75/289 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.
Incluye las principales afectaciones ocasionadas por el bloqueo a Cuba en el período entre agosto de 2021 y febrero de 2022.
Los efectos combinados de una crisis multidimensional a nivel global en los sectores energético, alimentario, ambiental y de transporte, y el impacto acumulado de dos años de pandemia de COVID-19, han conformado un complejo contexto internacional.
Insertada en esta realidad, Cuba ha debido enfrentar, adicionalmente, el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo de los EE.UU., que incluye medidas adicionales muy agresivas impuestas durante el gobierno de Donald Trump y que, en su gran mayoría, aún permanecen vigentes como continuación de la política de máxima presión contra el país.
Desde 2019, el bloqueo ha escalado a una dimensión cualitativamente más dañina e inhumana, con un reforzado componente extraterritorial.
Las demandas presentadas al amparo del Título III de la Ley Helms- Burton, la persecución a las empresas, buques y navieras que envían suministros de combustible al país, la arbitraria e injustificada inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo del Departamento de Estado, el ataque a todas las fuentes de ingreso y de entrada de divisas al país, la intimidación a terceros y el reforzamiento de las presiones a gobiernos, instituciones bancarias y empresarios de todo el mundo, se han consolidado como parte esencial de la estrategia de los EE.UU. para aislar a Cuba y provocar el descalabro económico.
La continuidad en la aplicación plena de la Ley Helms-Burton, incluyendo la autorización para que se presenten demandas en tribunales estadounidenses al amparo de su Título III, amplió aún más el esquema de entorpecimiento a las relaciones económicas, comerciales y financieras de Cuba con terceros países. Al cierre de julio de 2022, se encontraban en curso 37 procesos judiciales en cortes estadounidenses en virtud de esta ley extraterritorial.
La permanencia de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo ha reforzado el impacto disuasivo e intimidatorio del bloqueo, así como las dificultades del país para insertarse en el comercio internacional y realizar operaciones financieras. Ello se ha traducido en cierres de contratos, pérdida de relaciones con entidades bancarias que habitualmente trabajaban con Cuba, endeudamientos, demoras en el envío y recepción de fondos y mercancías, entre otras dificultades, con costos y consecuencias incalculables para el pueblo y la economía cubana.

En condiciones de una verdadera guerra económica, el gobierno de los EE.UU. ha desatado una perniciosa campaña mediático-comunicacional para intentar desestabilizar el país. Recurren a la mentira, la calumnia, la manipulación de datos, imágenes y a los más diversos métodos de guerra no convencional, para generar la desestabilización política y el llamado “cambio de régimen”, en franca violación del principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados.
Han apelado a los sentimientos de audiencias intencionalmente seleccionadas. Situaron a nuestros niños, jóvenes y artistas en el centro del bombardeo mediático. Promovieron líderes artificiales, fabricaron pretextos para el fallido ensayo de una intervención humanitaria, alentaron la emigración irregular e hicieron gala de una narrativa engañosa a fin de posicionar la falsa imagen de un gobierno en crisis, represivo e inestable, incapaz de responder a las demandas de su población.
Para esas actividades, el gobierno estadounidense ha destinado alrededor de 20 millones de dólares anuales. Los programas son operados bajo la Sección 109 de la Ley Helms-Burton, que autoriza al Presidente de EE.UU. a prestar asistencia y otros tipos de apoyo a personas y organizaciones no gubernamentales en favor de los esfuerzos de “democratización” de Cuba.
Las medidas sobre Cuba anunciadas el pasado 16 de mayo por el gobierno de Joseph Biden en torno al diseño coercitivo impuesto durante el mandato de Donald Trump, tienen un carácter muy limitado. En esencia, contemplan las disposiciones siguientes:
• Reanudación de forma paulatina y limitada de los trámites de visado de inmigrante en la Embajada de EE.UU. en La Habana para categorías específicas.
• Autorización de los vuelos regulares y chárteres desde y hacia nueve aeropuertos internacionales del país, además del de La Habana.
• Eliminación del límite de 3 mil 600 frecuencias de vuelos anuales hacia La Habana y autorización de vuelos chárter privados a todo el país.
• Autorización de los viajes grupales “pueblo a pueblo”, bajo la licencia general de viajes educacionales.
• Eliminación del límite de 1000 USD por trimestre a las remesas familiares y autorización de las remesas no familiares.
Estas regulaciones no se refieren a los aspectos más dañinos del bloqueo ni revierten las medidas más agresivas adoptadas por el gobierno de Donald Trump.
No se modifica la prohibición del comercio bilateral regular y a importar desde terceros países bienes que contengan más de un 10% de componentes estadounidenses. Continúan vigentes la Lista de Entidades Cubanas Restringidas y la de Alojamientos Prohibidos, las acciones para impedir el traslado de combustible, así como la inclusión de Cuba en la Lista de Estados patrocinadores del terrorismo que elabora el Departamento de Estado.
Se mantiene la prohibición del uso del dólar estadounidense en las transacciones internacionales de Cuba, así como la imposibilidad de utilizar el sistema financiero estadounidense para realizar las mismas, cuando el origen y destino de las transferencias sea una entidad cubana y de un tercer país.
Todo ello genera cuantiosas pérdidas por variación de las tasas de cambio entre la moneda de EE.UU. y la de terceros países en las que se ejecutan los cobros y pagos, así como otros costos adicionales.
Para los ciudadanos estadounidenses, persiste la prohibición de viajar a Cuba. Solo es posible hacerlo mediante licencias establecidas en el marco regulatorio del bloqueo, con numerosas restricciones. Las medidas no autorizan los viajes educativos individuales “pueblo a pueblo”, importante limitación que obliga a viajar en grupo y con el auspicio, supervisión y responsabilidad legal de una organización estadounidense.
Del mismo modo, la reanudación de los servicios migratorios en la Embajada de EE.UU. en La Habana ha sido hasta el momento gradual y muy limitada. La Embajada de EE.UU. en Georgetown, Guyana, se mantiene como centro principal de procesamiento consular para Cuba. Ello afecta a ciudadanos y familias de ambos países y contribuye a estimular la emigración irregular.
En materia de remesas, se mantiene la imposibilidad de realizar estas operaciones mediante los canales formales e institucionales, en tanto se prohíbe a entidades tramitadoras estadounidenses realizar transacciones con las empresas cubanas incluidas en la Lista de Entidades Restringidas.
El actual gobierno de los EE.UU. presenta estas regulaciones administrativas como “apoyo al pueblo cubano”; no obstante, su actuación hostil y demagógica contradice cualquier interés real de retomar el camino iniciado durante la presidencia de Barack Obama, que propició notables avances en la relación bilateral.
Persiste el empeño de generar carencias materiales, escasez, sembrar el desaliento, la insatisfacción y provocar daños al pueblo cubano, así como obstaculizar las posibilidades de progreso económico en un escenario de grave crisis global. 
Solo entre agosto de 2021 y febrero de 2022, esta política causó pérdidas a Cuba en el orden de los 3 mil 806,5 millones de dólares, cifra 49% superior a la reportada en el período anterior (enero-julio 2021).  Este monto récord, en apenas siete meses, es reflejo del impacto recrudecido del bloqueo sobre las exportaciones cubanas, principalmente en el sector turístico, la despiadada persecución a las operaciones bancario-financieras del país, los costos por reubicación geográfica del comercio, las afectaciones a la producción y los servicios que se prestan a la población y los obstáculos para acceder a tecnologías de avanzada.
Se estima que el PIB pudo haber crecido un 4,5% en estos siete meses de no existir el bloqueo, lo que proyectado a un año representa cerca del 8%.
Teniendo en cuenta los daños reportados entre enero-julio de 2021, solo en los 14 primeros meses del gobierno de Joseph Biden los perjuicios ocasionados por el bloqueo alcanzaron la cifra de 6 mil 364 millones de dólares, lo que representa una afectación de más de 454 millones de dólares mensuales y más de 15 millones de dólares diarios.
A precios corrientes, los daños acumulados durante seis décadas de aplicación de esta política ascienden a 154 mil 217,3 millones de dólares. Tomando en cuenta el comportamiento del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, el bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables por más de 1 billón 391 mil 111 millones de dólares.
Como resultado, el desempeño de la economía cubana ha experimentado presiones extraordinarias que se manifiestan en la industria, las prestaciones de servicios, el comercio minorista, la escasez de los alimentos y medicinas y el deterioro del nivel de consumo y bienestar general de la población.
En los últimos meses, se ha trabajado sistemáticamente en la búsqueda de una estabilidad energética bajo condiciones muy complejas, al limitarse la disponibilidad de las plantas generadoras por la falta de combustible, piezas de repuesto y otros recursos fundamentales para su reparación y mantenimiento. Los pocos proveedores que han decidido mantener el suministro a Cuba de estos productos, han incrementado los precios considerablemente en función del riesgo país.
Solo entre agosto de 2021 y febrero de 2022, los daños al sector de energía y minas ascendieron a 185 millones 533 mil 55 dólares. Esta cifra supera en casi 50 millones la reportada entre enero y julio de 2021.
Los datos no ilustran el verdadero impacto de estas afectaciones en la vida cotidiana de los cubanos, ni el estrés constante generado por las intermitentes interrupciones al servicio eléctrico, a pesar de la voluntad y el esfuerzo del gobierno para lograr una solución pronta y efectiva a este problema.
En el período, la firma de origen alemán, Brüel & Kjær Vibro GmbH, proveedora de la tecnología de los sistemas de monitoreo de vibraciones de las turbinas térmicas de la Unión Nacional Eléctrica, trasladó que no concertaría contratos con la Empresa importadora cubana ENERGOIMPORT si esta no realizaba por adelantado la totalidad de los pagos, en tanto su banco le recomendó no operar con Cuba por la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton.
En octubre de 2021, el suministrador de origen francés CNIM comunicó a la Empresa comercial DEVEXPORT que no podría proseguir con los contratos de piezas de repuesto para la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras toda vez que, tras una reestructuración financiera interna, el Grupo se había comprometido a no financiar, facilitar o desarrollar actividades con ningún país sometido a las sanciones de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) y del Departamento de Estado de los EE.UU.
El bloqueo viola el derecho a la vida y a la salud de todas las cubanas y cubanos. El impacto de esta política se refleja en el desabastecimiento de productos imprescindibles para el consumo de la población, así como las dificultades de la industria nacional para adquirir insumos necesarios para la producción de fármacos y otros servicios esenciales.
Cuba es capaz de producir más del 60% de su cuadro básico de medicamentos; sin embargo, estos niveles no se han podido garantizar durante meses debido al impacto del bloqueo en la capacidad de pago del país, la imposibilidad de acceder a tecnologías médicas con más de un 10% de componentes estadounidenses, la necesidad de recurrir a rutas de transportación alternativas con un elevado costo adicional y la creciente negativa de instituciones financieras y bancarias en diversos países a tramitar operaciones con Cuba, lo que ha impedido realizar  las transacciones con los proveedores de estos  insumos.
Ilustra lo anterior la imposibilidad de materializar una compra de insulina a la compañía danesa Novo Nordisk, ante la negativa del Danske Bank a aceptar las transferencias bancarias. El banco alegó que no podía recibir fondos procedentes del Banco Financiero Internacional (BFI), en tanto es una entidad cubana sancionada por la OFAC.
En pleno contexto de enfrentamiento a la COVID-19, el bloqueo obstaculizó el arribo de jeringuillas al país para apoyar el proceso de vacunación. Las negociaciones con un proveedor extranjero debieron interrumpirse, puesto que el banco británico HSBC informó al suministrador que no podía realizar operaciones de pago destinadas a la Isla.
Durante el mayor pico pandémico en el país en 2021, no fue aplicada ni una sola medida de alivio del bloqueo. Esta política obstaculizó el arribo de donaciones; la adquisición de cilindros, piezas de repuesto y otros componentes necesarios para el suministro de oxígeno medicinal; además de la compra y la transportación de materiales indispensables para la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, así como para la investigación, producción y evaluación de los candidatos vacunales y las vacunas cubanas contra la COVID-19.
Como consecuencia del bloqueo, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), productor de la vacuna cubana contra la COVID-19 Abdala, reportó afectaciones por un valor de 190 millones 671 mil dólares. Para el Instituto Finlay de Vacunas (IFV), productor de las vacunas Soberana 02 y Soberana Plus, esta política generó dificultades en 20 operaciones, 11 correspondientes a insumos, 6 a reactivos y 3 a equipos de fabricantes de origen estadounidense.
Estudios clínicos de enfermedades autoinmunes, como la psoriasis, la esclerosis múltiple, así como las neurodegenerativas, no han podido iniciarse porque los medicamentos necesarios, que son estándares terapéuticos en el mundo, no están disponibles para pacientes cubanos.
Estas severas limitaciones perjudican la calidad de los servicios prestados a la población cubana, pues se generan demoras, listas de espera para recibir atenciones médicas especializadas, incrementos en las estadías hospitalarias y otros efectos negativos.
Entre agosto de 2021 y febrero de 2022, las afectaciones a la producción y a los servicios en el sector agropecuario, las trabas en las operaciones monetario-financieras, los costos adicionales por la reubicación geográfica del comercio y otros obstáculos para adquirir tecnologías y combustibles, impactaron gravemente la producción y adquisición de alimentos en Cuba, generando afectaciones por un valor de 270 millones 932 mil 307 dólares en la esfera de la agricultura.
En esta etapa, un grupo considerable de bancos se negó a tramitar pagos a proveedores de la empresa cubana importadora de alimentos ALIMPORT, relativos a productos como soya, grasa vegetal, pienso porcino, salchichas, entre otros.
A lo anterior se suman las trabas asociadas al transporte marítimo que impactan toda nuestra cadena logística. En este sentido, ha continuado sin prestar servicios la naviera MSC, que transportaba un volumen considerable de nuestras cargas, fundamentalmente de ALIMPORT, lo que ha obstaculizado las operaciones con mercados tradicionales.
Debido a la falta de combustible, se han incrementado las afectaciones en el riego, la preparación de tierra, la protección fitosanitaria y el movimiento del personal vinculado a la agricultura. De igual forma, persisten las dificultades para la adquisición y/o reparación del equipamiento necesario para el proceso agrícola y preindustrial y el transporte en general.
En el período, la Empresa cubana TRANSIMPORT realizó 518 solicitudes de equipos automotores, tractores, baterías, motores, montacargas, partes y piezas, entre otros. Solo recibió el 9% de las demandas realizadas a proveedores extranjeros.
El bloqueo afecta al emprendimiento privado cubano tanto como a la empresa estatal. Sobran los ejemplos de herramientas informáticas que no son accesibles para desarrolladores nacionales solo por su condición de cubanos. Se les dificulta, además, el acceso a mecanismos financieros externos, la apertura de cuentas bancarias en el extranjero y la posibilidad de utilizar plataformas de pago y comercio electrónico vedadas para Cuba.
El impacto del bloqueo no se circunscribe únicamente a la realidad cubana. Mediante la presión y el empleo de prácticas escandalosamente antidemocráticas e injerencistas, Washington persigue que el resto de los países y organizaciones internacionales acaten sus decisiones políticas con respecto a Cuba. 
En noviembre de 2021, se conoció que la Embajada de EE.UU. en Viena envió una carta a la Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), solicitando explícitamente que los fondos destinados por su gobierno a la organización para actividades de seguridad nuclear no fueran empleados en proyectos de cooperación con Cuba.
En el período, se identificaron un total de 100 bancos extranjeros involucrados en 261 acciones de cierre de cuentas y de contratos bancarios establecidos, devolución de transacciones, negativa a la apertura de cuentas, cancelación de claves para el intercambio de información financiera a través de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT), entre otras. Como consecuencia, las afectaciones al sector bancario-financiero ascendieron a 260,8 millones de dólares, cifra que supera en 93 millones a la reportada entre enero y julio de 2021.
Asimismo, decenas de misiones diplomáticas cubanas en el mundo han perdido su relación con los bancos que tradicionalmente les prestan servicios, por el temor de estos a represalias del gobierno de los Estados Unidos.
Como resultado, el país ha encontrado obstáculos para efectuar el pago de sus contribuciones a varios organismos internacionales y regionales, a pesar de la voluntad del gobierno cubano de honrar sus compromisos financieros.
A mediados de 2021, el Banco Société Générale decidió cerrar las cuentas de la delegación permanente de Cuba ante la UNESCO y de la Embajada de Cuba ante la República Francesa, lo cual ha afectado sustancialmente el normal funcionamiento de ambas sedes diplomáticas. El anuncio del cierre definitivo de las referidas cuentas se inscribe en la política de bloqueo hacia Cuba, al tiempo que viola el Reglamento no. 2271/96 adoptado por el Consejo Europeo para contrarrestar sus efectos extraterritoriales.
Otro ejemplo se dio a conocer en enero del presente año, cuando el banco multinacional holandés Internationale Nederlanden Groep decidió bloquear todas las donaciones a la delegación de la Internacional Progresista que viajaría a nuestro país como parte de una iniciativa para apoyar el acceso a las vacunas contra la COVID-19 a nivel mundial. El banco alegó que la decisión se tomó sobre la base de las evaluaciones de riesgo a tenor de las sanciones impuestas por EE.UU. a Cuba.
La plataforma digital de alojamiento Airbnb Payments, Inc. debió pagar a inicios de 2022 una multa de 91 mil 172 dólares impuesta por la OFAC, por aceptar pagos de estadounidenses que viajaron a Cuba fuera de las categorías autorizadas por la Casa Blanca.
El propio asesor adjunto de Seguridad Nacional del exmandatario Barack Obama, Ben Rhodes, calificó la multa como “estúpida, contraproducente y trumpiana” por negar a los estadounidenses la capacidad de facilitar ingresos directamente a los cubanos y establecer conexiones entre ambos pueblos.
Recientemente, el país vivió momentos de suma angustia y tensión producto del incendio de grandes proporciones en la base de supertanqueros de la provincia de Matanzas, que ocasionó lamentables pérdidas humanas y materiales. Mientras decenas de naciones, amigos y cubanos residentes en el exterior mostraban su solidaridad a Cuba, el bloqueo continuó obstaculizando el arribo de ayuda internacional al país.
La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba no pudo realizar una transferencia a la cuenta del Banco Financiero Internacional destinada a donaciones en caso de emergencia, pues el banco BPM y la filial de Milano de la Banca Ética alegaron que el BFI se encontraba en la lista de entidades sancionadas por el Departamento de Estado de los EE.UU.
El bloqueo constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano.
Es un acto de guerra económica en tiempos de paz. Representa el principal freno para el desarrollo económico y social del país, así como para la implementación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sus pretensiones son ilegítimas e ilegales, violatorias de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.
Los limitados cambios anunciados el 16 de mayo de 2022, respondieron a la continua denuncia del pueblo y el gobierno cubanos, a los reclamos constantes dentro de la sociedad estadounidense y la comunidad de cubanos residentes en el exterior para poner fin al bloqueo, así como a la postura casi unánime de los países del mundo en rechazo a este cruel sistema de medidas coercitivas unilaterales. 
A tres décadas de la primera resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra el bloqueo, el gobierno de los EE.UU. persiste en ignorar los numerosos pronunciamientos de ese foro internacional que llaman a eliminar, sin condicionamientos, su política fallida, unilateral y criminal contra Cuba.
En este contexto de especial complejidad, Cuba y su pueblo agradecen profundamente las muestras de solidaridad recibidas, y confían en continuar contando con el apoyo de la comunidad internacional en su legítimo reclamo de poner fin a esta injusta política.

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Update to the Report of Cuba on resolution 75/289 of the United Nations General Assembly entitled "Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba" (August 2021 - February 2022)
This document contains an update on Cuba's response to United Nations General Assembly (UNGA) resolution 75/289, entitled "Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba".
It includes the main effects caused by the blockade on Cuba from August 2021 to February 2022.

The combined effects of a multidimensional crisis at a global level in the energy, food, environmental and transportation sectors, and the accumulated impact of two years of the COVID-19 pandemic, have shaped a complex international context.
Inserted in this reality, Cuba has had to face, on top of that, the unprecedented tightening of the U.S. blockade, which includes additional very aggressive measures imposed during the administration of Donald Trump and which, for the most part, are still in force as a continuation of the policy of maximum pressure against the country.
Since 2019, the blockade has escalated to a qualitatively more harmful and inhumane dimension, with a reinforced extraterritorial component.
The lawsuits filed under Title III of the Helms-Burton Act, the persecution of companies, ships and shipping companies that send fuel supplies to the country, the arbitrary and unjustified inclusion of Cuba on the State Department's List of State Sponsors of Terrorism, the attack on all sources of income and foreign currency entering the country, the intimidation of third parties and the reinforcement of pressure on governments, banking institutions and businessmen around the world, have been consolidated as an essential part of the U.S. strategy to isolate Cuba and provoke economic disruption.
The continued full application of the Helms-Burton Act, including the authorization to file lawsuits in U.S. courts under its Title III, further expanded the scheme to hinder Cuba's economic, commercial and financial relations with third countries. As of the end of July 2022, 37 lawsuits were pending in U.S. courts under this extraterritorial law.
Cuba's permanence on the List of State Sponsors of Terrorism has reinforced the deterrent and intimidating impact of the blockade, as well as the country's difficulties in engaging in international trade and financial operations. This has resulted in the closing of contracts, loss of relations with banking entities that usually worked with Cuba, indebtedness, delays in the sending and receiving of funds and goods, among other difficulties, with incalculable costs and consequences for the Cuban people and economy.
Under conditions of a true economic war, the U.S. government has unleashed a pernicious media campaign in an attempt to destabilize the country. They resort to lies, slander, manipulation of data, images and the most diverse methods of unconventional warfare, to generate political destabilization and the so-called "regime change", in clear violation of the principle of non-interference in the internal affairs of States.
They have appealed to the feelings of intentionally targeted audiences. They placed our children, youth and artists at the center of the media barrage. They promoted artificial leaders, fabricated pretexts for the failed rehearsal of a humanitarian intervention, encouraged irregular migration and displayed a misleading narrative in order to position the false image of a government in crisis, repressive and unstable, incapable of responding to the demands of its population.
For these activities, the U.S. government has allocated approximately $20 million annually. The programs are operated under Section 109 of the Helms-Burton Act, which authorizes the U.S. President to provide assistance and other support to individuals and non-governmental organizations in support of Cuba's "democratization" efforts.
The measures on Cuba announced last 16 May by the administration of Joseph Biden regarding the coercive design imposed during Donald Trump's term of office are very limited in nature. In essence, they include the following provisions:
• Gradual and limited resumption of immigrant visa procedures at the U.S. Embassy in Havana for specific categories.
• Authorization of regular and charter flights to and from nine international airports in the country, in addition to Havana.
• Elimination of the limit of 3,600 annual flight frequencies to Havana and authorization of private charter flights to the entire country.
• Authorization of "people-to-people" group travel, under the general license for educational travel.
• Elimination of the $1,000 per quarter limit on family remittances and authorization of non-family remittances.
These regulations do not address the most harmful aspects of the blockade nor do they reverse the most aggressive measures adopted by the Donald Trump´s administration.
The prohibition on regular bilateral trade and on importing goods containing more than 10 percent of U.S. components from third countries remains unchanged. The List of Restricted Cuban Entities and the Prohibited Accommodations List, the actions to prevent the transfer of fuel, as well as the inclusion of Cuba on the State Department's List of State Sponsors of Terrorism remain in force.
The ban on the use of the U.S. dollar in Cuba's international transactions is maintained, as well as the impossibility of using the U.S. financial system to carry out such transactions, when the origin and destination of the transfers is a Cuban entity and a third country.

All of this generates substantial losses due to variations in exchange rates between the U.S. currency and the currencies of third countries in which collections and payments are made, as well as other additional costs.
For U.S. citizens, travel to Cuba is still prohibited. It is only possible to do so by means of licenses established in the regulatory framework of the blockade, with numerous restrictions. The measures do not authorize individual "people-to-people" educational trips, an important limitation that requires travel in groups and under the auspices, supervision and legal responsibility of a U.S. organization.
Similarly, the resumption of immigration services at the U.S. Embassy in Havana has so far been gradual and very limited. The U.S. Embassy in Georgetown, Guyana, remains the main consular processing center for Cuba. This affects citizens and families of both countries and contributes to stimulating irregular emigration.
Regarding remittances, it remains impossible to carry out these transactions through formal and institutional channels, while U.S. processing entities are prohibited from conducting transactions with Cuban companies included in the Restricted Entities List.
The current U.S. government presents these administrative regulations as "support for the Cuban people"; however, its hostile and demagogic actions contradict any real interest in resuming the path initiated during the presidency of Barack Obama, which led to notable advances in the bilateral relationship.
The determination to generate material shortages, scarcity, sow discouragement, dissatisfaction and cause damage to the Cuban people, as well as to hinder the possibilities of economic progress in a scenario of serious global crisis, persists. 
Between August 2021 and February 2022 alone, this policy caused losses to Cuba in the order of 3.8 billion dollars, a figure 49 percent higher than that reported in the previous period (January-July 2021).  This record amount, in just seven months, is a reflection of the intensified impact of the blockade on Cuban exports, mainly in the tourism sector, the merciless persecution of the country's banking-financial operations, the costs of geographic relocation of trade, the effects on production and services provided to the population and the obstacles to access advanced technologies.
It is estimated that the GDP could have grown by 4.5 percent in those seven months if the blockade had not existed, which projected to one year represents around 8 percent.
Taking into account the damage reported between January-July 2021, in the first 14 months of Joseph Biden's administration alone, the damages caused by the blockade reached more than 6.3 billion dollars, which represents an impact of more than 454 million dollars a month and more than 15 million dollars a day.
At current prices, the accumulated damages during six decades of application of this policy amount to over 154 billion dollars. Taking into account the behavior of the dollar against the price of gold on the international market, the blockade has caused quantifiable damages of more than 1.391 trillion dollars.
As a result, the performance of the Cuban economy has experienced extraordinary pressure that is manifested in industry, services, retail trade, food and medicine shortages and the deterioration of the level of consumption and general welfare of the population.
In recent months, work has been systematically carried out in the search for energy stability under very complex conditions, as the availability of generating plants has been limited due to the lack of fuel, spare parts and other essential resources for their repair and maintenance. The few suppliers that have decided to keep supplying Cuba with these products have increased their prices considerably according to the country risk.
Between August 2021 and February 2022 alone, damages to the energy and mining sector amounted to more than 185 million dollars. This figure exceeds by almost 50 million dollars the one reported between January and July 2021.
The data do not illustrate the true impact of these affectations on the daily life of Cubans, nor the constant stress generated by the intermittent interruptions to the electric service, despite the government's will and effort to achieve a prompt and effective solution to this problem.

During this period, the German company Brüel & Kjær Vibro GmbH, supplier of the technology for the vibration monitoring systems of the thermal turbines of the National Electric Union, stated that it would not enter into contracts with the Cuban importing company ENERGOIMPORT if the latter did not make all the payments in advance, while its bank recommended it not to operate with Cuba due to the application of Title III of the Helms-Burton Act.
In October 2021, the French supplier CNIM informed the trading company DEVEXPORT that it could not continue with the contracts for spare parts for the Antonio Guiteras Thermoelectric Power Plant since, after an internal financial restructuring, the Group had committed not to finance, facilitate or develop activities with any country subject to the sanctions of the Office of Foreign Assets Control (OFAC) and the U.S. State Department.
The blockade violates the right to life and health of all Cubans. The impact of this policy is reflected in the shortage of essential products for the consumption of the population, as well as the difficulties of the national industry to acquire the necessary supplies for the production of pharmaceuticals and other essential services.
Cuba is capable of producing more than 60 percent of its basic list of medicines; however, these levels have not been guaranteed for months due to the impact of the blockade on the country's payment capacity, the impossibility of accessing medical technologies with more than 10 percent of US components, the need to resort to alternative transportation routes with a high additional cost and the growing refusal of financial and banking institutions in various countries to process transactions with Cuba, which has prevented transactions with suppliers of these goods.
This is illustrated by the impossibility of making a purchase of insulin from the Danish company Novo Nordisk, due to the refusal of the Danske Bank to accept bank transfers. The bank alleged that it could not receive funds from the Banco Financiero Internacional (BFI), since it is a Cuban entity sanctioned by OFAC.
In the midst of the confrontation with COVID-19, the blockade hindered the arrival of syringes to the country to support the vaccination process. Negotiations with a foreign supplier had to be interrupted because the British bank HSBC informed the supplier that it could not carry out payment transactions destined for Cuba.
During the major pandemic peak in the country in 2021, not a single measure of blockade relief was applied. This policy hindered the arrival of donations; the acquisition of cylinders, spare parts and other components necessary for the supply of medical oxygen; in addition to the purchase and transportation of materials indispensable for the prevention, diagnosis and treatment of this disease, as well as for the research, production and evaluation of vaccine candidates and Cuban COVID-19 vaccines.
As a result of the blockade, the Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB), producer of the Cuban COVID-19 vaccine Abdala, reported losses of over 190 million dollars. For the Finlay Vaccine Institute (IFV), producer of the Soberana 02 and Soberana Plus vaccines, this policy generated difficulties in 20 operations, 11 corresponding to supplies, 6 to reagents and 3 to equipment from U.S. manufacturers.
Clinical studies of autoimmune diseases, such as psoriasis, multiple sclerosis, as well as neurodegenerative diseases, have not been able to start because the necessary drugs, which are therapeutic standards in the world, are not available for Cuban patients.
These severe limitations are detrimental to the quality of the services provided to the Cuban population, as they generate delays, waiting lists to receive specialized medical care, increased hospital stays and other negative effects.
Between August 2021 and February 2022, the effects on production and services in the agricultural sector, the obstacles in monetary-financial operations, the additional costs due to the geographic relocation of trade and other obstacles to acquire technologies and fuels, seriously impacted the production and acquisition of food in Cuba, generating damages of more than 270 million dollars in the area of agriculture.
At this stage, a considerable group of banks refused to process payments to suppliers of the Cuban food importer ALIMPORT for products such as soybeans, vegetable fat, pork feed, and sausages, among others.
In addition to the above, there are the obstacles associated with maritime transportation that have an impact on our entire logistics chain. In this regard, the MSC shipping company, which transported a considerable volume of our cargoes, mainly from ALIMPORT, has continued not to provide service, which has hindered operations with traditional markets.
Due to the lack of fuel, irrigation, land preparation, phytosanitary protection and the movement of agricultural personnel have been increasingly affected. Similarly, difficulties persist in the acquisition and/or repair of equipment necessary for the agricultural and pre-industrial process and transportation in general.
During the period analyzed, the Cuban company TRANSIMPORT made 518 requests for automotive equipment, tractors, batteries, engines, forklifts, parts and pieces, among others. It only received 9 percent of the demands made to foreign suppliers.
The blockade affects the Cuban private enterprise as much as the state enterprise. There are plenty of examples of computer tools that are not accessible to national developers just because they are Cuban. They are also hindered from accessing external financial mechanisms, opening bank accounts abroad and the possibility of using payment and e-commerce platforms that are forbidden to Cuba.
The impact of the blockade is not only limited to the Cuban reality. By means of pressure and the use of scandalously anti-democratic and interfering practices, Washington seeks to make the rest of the countries and international organizations abide by its political decisions regarding Cuba. 
In November 2021, it was known that the U.S. Embassy in Vienna sent a letter to the Secretariat of the International Atomic Energy Agency (IAEA), explicitly requesting that the funds allocated by its government to the organization for nuclear security activities not be used in cooperation projects with Cuba.
During the period, a total of 100 foreign banks were identified as being involved in 261 actions of closing accounts and established banking contracts, returning transactions, refusing to create accounts, canceling passwords for the exchange of financial information through the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), among others. As a consequence, the effects on the banking-financial sector amounted to 260.8 million dollars, a figure that exceeds by 93 million dollars the one reported between January and July 2021.
Likewise, dozens of Cuban diplomatic missions in the world have lost their relationship with the banks that traditionally provide them with services, due to their fear of reprisals from the U.S. government.
As a result, the country has encountered obstacles in paying its contributions to various international and regional organizations, despite the Cuban government's willingness to honor its financial commitments.
In mid-2021, the Société Générale Bank decided to close the accounts of the permanent delegation of Cuba to UNESCO and the Cuban Embassy to the French Republic, which has substantially affected the normal functioning of both diplomatic offices. The announcement of the definitive closure of the aforementioned accounts is part of the blockade policy towards Cuba, while at the same time it violates Regulation No. 2271/96 adopted by the European Council to counteract its extraterritorial effects.
Another example was made known in January of this year, when the Dutch multinational bank Internationale Nederlanden Groep decided to block all donations to the Progressive International delegation that was to travel to our country as part of an initiative to support access to vaccines against COVID-19 worldwide. The bank claimed that the decision was made on the basis of risk assessments in light of the U.S. sanctions imposed on Cuba.
The digital lodging platform Airbnb Payments, Inc. had to pay in early 2022 a fine of 91,172 dollars imposed by OFAC, for accepting payments from Americans who traveled to Cuba outside the categories authorized by the White House.
Former President Barack Obama's own Deputy National Security Advisor, Ben Rhodes, described the fine as "stupid, counterproductive and Trumpian" for denying Americans the ability to facilitate income directly to Cubans and establish connections between the two peoples.

Recently, the country experienced moments of extreme anguish and tension as a result of a major fire at the supertanker base in the province of Matanzas, which caused regrettable human and material losses. While dozens of nations, friends and Cubans living abroad showed their solidarity with Cuba, the blockade continued to hinder the arrival of international aid to the country.
The National Association of Italy-Cuba Friendship was unable to make a transfer to the account of the International Financial Bank (BFI, by its Spanish initials) destined for donations in case of emergency because the BPM bank and the Milan branch of Banca Etica alleged that the BFI was on the list of entities sanctioned by the US State Department.
The blockade constitutes a massive, flagrant and systematic violation of the human rights of the Cuban people.
It is an act of economic warfare in times of peace. It represents the main hindrance on the economic and social development of the country, as well as on the implementation of the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals.
Its pretensions are illegitimate and illegal, in violation of the United Nations Charter and international law.
The limited changes announced on 16 May 2022, responded to the continuous denunciation of the Cuban people and government, to the constant demands within the U.S. society and the community of Cubans living abroad to put an end to the blockade, as well as to the almost unanimous position of the countries of the world in rejection of this cruel system of unilateral coercive measures. 
Three decades after the first resolution of the United Nations General Assembly against the blockade, the US government persists in ignoring the numerous pronouncements of that international forum calling for the elimination, without conditions, of its failed, unilateral and criminal policy against Cuba.
In this context of special complexity, Cuba and its people are deeply grateful for the expressions of solidarity received, and trust that they will continue to count on the support of the international community in their legitimate demand to put an end to this unjust policy.